Al dar a conocer detalles sobre el juicio emprendido por el gobierno mexicano contra el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro Garcia Luna y otras cinco personas involucradas en una red de empresas familiares mediante el cual incurrieron en delitos de corrupción, lavado de dinero y delincuencia organizada, el titular de Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, informó que están involucrados 745 millones 879 mil 384 dólares que se litiga en un juzgado de Florida.
Durante la conferencia presidencial, Gómez dijo que bajo auspicia de este conglomerado de empresas familiares se obtuvieron 40 contratos con diversos órganos de seguridad que involucran a 30 empresas mediante lo cual obtuvieron estos recursos los cuales se trasladaron a paraísos fiscales del Caribe, especialmente Barbados para triangularlos posteriormente hacia Miami. Entre los coacusados se encuentra también la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra; Samuel Weinberg López; Jonhatan Alexis Weinberg y Silvia Pinto de Weinberg.
Gómez detalló que estos recursos extraídos ilícitamente al erario mexicano fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro vía paraísos fiscales y adquisición de bienes muebles e inmuebles y otros activos” como mecanismo de lavado de dinero para no dejar rastro de estos recursos.
Explicó que la UIF identificó la red de corrupción de García Luna y sus familiares y empresas, a partir de una transferencia de una de estas firmas a García Luna por monto de diez millones de dólares y presentó una denuncia en el Tribunal undécimo circuito judicial en Florida para resarcir el daño generado.
Mediante esta denuncia, al avanzar el proceso se involucraron en el juicio algunos bienes inmuebles que fueron vendidos previamente pero que forman parte del proceso para seguir la trama de lavado de dinero. Entre ellos se encuentran vehículos Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce, Maserati, así como yates y otras propiedades
