Por Diana Silva
En un hecho sin precedentes, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha anunciado que, durante el período del 6 al 20 de mayo, las personas en prisión preventiva tendrán la oportunidad de ejercer su derecho al voto para elegir a la próxima presidenta o presidente de la República. Esta decisión surge a raíz de la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que permitirá a aquellos sin sentencia firme contribuir a la renovación presidencial y otros cargos en entidades con legislaciones locales que respaldan este derecho.
El proceso implica la entrega de datos por parte de las autoridades de Seguridad Pública. Estas deben proporcionar al INE, a más tardar el 31 de diciembre de 2023, una base de datos que identifique a las personas en prisión preventiva sin sentencia condenatoria.
La Comisión del Registro Federal de Electores del INE ha aprobado los «Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de Electores en Prisión Preventiva». Estos lineamientos establecen que las secretarías de Seguridad Pública, a nivel federal y local, deben suministrar la información necesaria para identificar a las personas elegibles para votar. Esto incluye aquellas con credenciales de elector vigentes y las que pueden solicitarla.
Además, se ha decidido que las autoridades proporcionen una ficha de registro y/o antropométrica de las personas en prisión preventiva, permitiendo la verificación mediante huellas digitales y fotografías correspondientes. Este proceso garantizará que aquellos que deseen ejercer su derecho al voto cumplan con los requisitos de estar debidamente inscritos en la Lista Nominal de Electores y no tengan suspendidos sus derechos político-electorales por sentencia condenatoria.
Para llevar a cabo su voto, las personas en prisión preventiva deberán manifestar por escrito su intención de votar mediante un formato específico. Este documento, que incluirá su firma y huella digital, deberá ser remitido de manera individual y personalizada durante el período de votación anticipada.
Este proceso marca un hito significativo en la historia electoral de México al garantizar la participación de un grupo de personas a quienes hasta ahora se les había negado este derecho fundamental. El INE continúa trabajando para asegurar que este proceso se lleve a cabo de manera justa y transparente, respetando los derechos de todos los ciudadanos, incluso aquellos que se encuentran en prisión preventiva.
