Por Sinai Peña
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha solicitado licencia al Congreso para lanzarse a la campaña por la reelección en los comicios de febrero, desafiando la prohibición constitucional. A pesar de la controversia y las críticas de abogados constitucionalistas, la Corte Suprema de Justicia permitió su participación en las elecciones por segunda vez en 2021.
La solicitud de licencia, respaldada por la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, permite a Bukele y al vicepresidente Félix Ulloa dedicarse a la campaña electoral mientras mantienen las prerrogativas y privilegios del cargo. Aunque la Carta Magna establece un periodo presidencial de cinco años sin reelección, Bukele busca un segundo mandato apelando a su popularidad, especialmente por su enfoque en la lucha contra las pandillas.
El proceso de reemplazo del presidente implica la presentación de una terna al Congreso, siendo el primero de los designados el próximo mandatario durante el periodo de licencia. Sin embargo, si Bukele no propone una lista, el Congreso podría tomar la decisión.
A pesar de las controversias constitucionales, el Tribunal Supremo Electoral avaló en noviembre la candidatura de Bukele, argumentando que cumple con los requisitos legales. Las encuestas muestran que goza de una alta aprobación, con el 70,8% de la población respaldando su gestión, y un destacado 97.7% creyendo que ha reducido la violencia en el país.
El panorama político en El Salvador se presenta tenso y polarizado, con la reelección de Bukele generando debate sobre la interpretación de la Carta Magna y sus implicaciones para la democracia en el país centroamericano.
