Por Kari Nava
En un giro impactante de los acontecimientos en el municipio de Toluca, el presidente municipal, Raymundo Martínez Carbajal, se encuentra prófugo de la justicia mientras enfrenta una orden de aprehensión por su presunta participación en el secuestro exprés de su exsuegro. Un fuerte operativo, encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el Ejército y la Guardia Nacional, busca su captura, previa solicitud la emisión de una ‘Ficha Roja’ y una Alerta Migratoria para evitar su fuga del país.
Las autoridades mexiquenses revelaron que Martínez Carbajal y otras seis personas están bajo investigación por presuntamente haber secuestrado a un hombre identificado como OERC, exsuegro del alcalde y exfuncionario del DIF local. Según la Fiscalía, el secuestro ocurrió el 12 de abril de 2023, cuando agentes municipales ingresaron sin mandamiento judicial a las oficinas de la víctima, privándolo de su libertad y trasladándolo a instalaciones municipales.
La denuncia fue realizada por la hija de la víctima, quien reveló que recibió una llamada de su exesposo exigiendo la devolución de documentos personales a cambio de la liberación de su padre. Estos eventos han sumido a Toluca en una crisis, con la comunidad consternada por la grave acusación contra su líder municipal.
Martínez Carbajal, un político con una extensa carrera en la administración pública, ha ocupado diversos cargos, desde subsecretario regional de gobierno hasta secretario de Educación estatal. Su detención y las revelaciones sobre el secuestro han generado un impacto significativo en la política local, dejando a la población atónita ante la gravedad de las acusaciones.
Denuncia tras denuncia
Además de las implicaciones legales, el alcalde también enfrenta acusaciones de violencia familiar. Su exesposa, quien fue expresidenta del DIF municipal, denunció en un video difundido el 21 de noviembre que Martínez Carbajal ejerció violencia física, emocional y sexual durante los 12 años de su matrimonio. La mujer presentó una denuncia por violencia familiar en febrero, alegando que después de la separación, el alcalde la hostigó con mensajes, amenazas y humillaciones, incluso acusando a la Policía de Toluca de ser cómplices en estos actos de intimidación.
La comunidad de Toluca observa con incredulidad la caída de su líder, cuestionando la integridad de un político que ha ocupado roles prominentes en el Estado de México. A medida que se desarrolla esta compleja situación, la incertidumbre y la preocupación aumentan, dejando a la ciudadanía a la espera de respuestas y acciones concretas por parte de las autoridades para restaurar la estabilidad en su municipio.
