Por Sinai Peña
La defensa de ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa ha lanzado fuertes acusaciones contra funcionarios de alto nivel, incluyendo al exsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, y al fiscal especial del caso, Rosendo Gómez Piedra. Los abogados, Alejandro Robledo y César Omar González, han denunciado un presunto «cochinero» en la investigación, argumentando que la Fiscalía General de la República (FGR) basó la detención de sus clientes en testimonios de testigos protegidos vinculados al grupo criminal Guerreros Unidos.
Según la representación legal, los testigos «Carla» y «Neto», quienes anteriormente negaron cualquier participación en los eventos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, ahora han sido utilizados por la FGR para incriminar a los militares. Los abogados sostienen que estas declaraciones son falsas, ya que los testigos previamente habían dado testimonio y, en ocasiones, incluso habían pedido perdón por sus delitos.
Alejandro Robledo y César Omar González han anunciado su intención de presentar denuncias penales contra los funcionarios involucrados en la integración de la acusación por delincuencia organizada contra sus defendidos, así como contra los propios testigos protegidos. Argumentan que la investigación ha sido manipulada políticamente, alejando a las víctimas del acceso a la verdad y la justicia.
Los abogados también han criticado la falta de oportunidad para entrevistar a los testigos en esta nueva etapa del proceso, afirmando que la defensa no pudo cuestionarlos adecuadamente debido a circunstancias que ellos consideran sospechosas.
El caso Ayotzinapa sigue siendo objeto de intensos debates y controversias, con acusaciones de politización y manipulación de pruebas por parte de las autoridades. La búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas continúa en medio de un ambiente de desconfianza y escepticismo sobre la imparcialidad del proceso.
