Los dos países van de la mano en política energética y ferroviaria, pero ahora tienen que lidiar con las protestas por el reparto de los bajos caudales de los ríos comunes.
La buena sintonía entre los gobiernos socialistas en Madrid y Lisboa se enfrenta a una prueba difícil en cualquier territorio: la gestión del agua en tiempos de sequía. La reciente decisión española de paralizar los desembalses de agua en pantanos de la cuenca del Duero —destinados a cumplir el envío del caudal previsto en la Convención de Albufeira, el tratado internacional que regula desde 1998 la gestión hídrica en cinco ríos compartidos— puede alterar el clima de entendimiento entre ambos países. La medida se tomó después de las protestas de agricultores castellano-leoneses contra las salidas de agua hacia Portugal aunque fuentes españolas, citadas por Efe, aseguran que se tomó de acuerdo entre ambos países.
“No hay ninguna guerra sobre el agua. Hay un trabajo conjunto y permanente entre Portugal y España”, declaró este martes el ministro de Medio Ambiente y Acción Climática, Duarte Cordeiro. La política hidrográfica es una china en el zapato de difícil gestión doméstica a ambos lados de la frontera. El Bloco de Esquerda ha solicitado la urgente comparecencia en la Asamblea de la República del ministro Duarte Cordeiro para que explique cómo afectará a Portugal el nuevo Plan Hidrológico Nacional de España, que prevé recortar el 40% del trasvase del Tajo al Segura y cambios en los caudales hidrológicos de la cuenca, compartida con Portugal.
El Convenio de Albufeira, firmado el 30 de octubre de 1998 entre los gobiernos de José María Aznar y António Guterres, regula el aprovechamiento de las aguas en las cuencas ibéricas de los ríos Miño, Limia, Duero, Tajo y Guadiana. Fue el primero que también regulaba medidas excepcionales en situaciones de sequía extrema y fue revisado en 2008 para definir el régimen de caudales necesarios en cada cuenca hidrográfica para garantizar el buen estado de las aguas y sus usos. Prevé que España pueda invocar la existencia de condiciones extraordinarias para no tener que cumplir la entrega de agua en alguna de las cuencas. Este mecanismo todavía no ha sido invocado pese al actual contexto de sequía.
Las relaciones entre ambos países atraviesan una fase de gran entendimiento en política energética y ferroviaria. Los dos ejecutivos fueron de la mano en Bruselas para lograr un excepcional tope al precio del gas para rebajar la factura de la electricidad en la península Ibérica y también presionan a Francia para lograr un tercer gasoducto por los Pirineos que aumente la capacidad exportadora de gas de ambos países.
