Los asesinatos de los defensores del medio ambiente se disparan en la región, principalmente en México, donde reportan un brutal aumento en el último año.
En gran parte de México, defender el medio ambiente y hacerlo con nombre y apellido es una combinación que puede resultar fatal. Las últimas cifras globales han llevado al país a la cabeza de los homicidios de ambientalistas con un número que no ha parado de escalar en los últimos tres años. El nuevo informe de la organización internacional Global Witness, que realiza un conteo anual de estos crímenes, señala que 54 personas que defendían su ambiente, recursos naturales o tierra fueron asesinados en México solo en 2021, un repunte sustantivo en comparación con los 30 registrados el año anterior. De acuerdo al documento, casi la mitad de los que perdieron la vida el año pasado eran indígenas y más de un tercio están considerados como casos de desapariciones forzosas.
El continente ha sido durante años la región más peligrosa para el activismo medioambiental: la organización documentó el asesinato de 1.733 activistas durante la última década y el 68% tuvieron lugar en América Latina. México se había posicionado en la lista de los lugares más mortíferos, pero hasta ahora siempre había estado por debajo de países como Brasil o Colombia. Sin embargo, la violencia ejercida contra los activistas el año pasado llevó al país al peor lugar. “Se ha convertido rápidamente en los últimos diez años en uno de los lugares más peligrosos para los defensores de la tierra y el medio ambiente, con 154 casos documentados durante este período”, dice el informe. La mayoría, unos 131 homicidios, ocurrieron entre 2017 y 2021.
“Los conflictos por la tierra y la minería estuvieron vinculados a dos tercios de los ataques letales”, acusa el reporte, que señala que algunos Estados se han convertido en una tumba para los activistas. Sonora es uno de esos sitios, principalmente para miembros de la comunidad yaqui, un pueblo conocido por su larga lucha para defender la tierra y el agua del lugar. En junio de 2021 el líder yaqui Tomás Rojo, que llevaba desaparecido poco menos de un mes, fue hallado sin vida en una fosa. Por aquellas semanas además mataron a tiros al activista Luis Urbano cuando salía de un cajero y a Agustín El Roque Valdez, jefe de la guardia de la comunidad, también de un balazo. En septiembre de ese mismo año las autoridades encontraron en una fosa al menos cinco cuerpos de yaquis que habían desaparecido.
El Estado de Oaxaca es otro foco rojo. En enero de 2021, el defensor de territorios indígenas Fidel Heras Cruz fue hallado muerto en una comunidad conocida como La Esperanza. Otros tres defensores del medio ambiente fueron asesinados entre el 14 y el 15 de marzo. En abril, ocurrió el homicidio del ambientalista Jaime Jiménez Ruiz, conocido por defender el Río Verde y oponerse a la construcción de una presa en ese sitio. Para noviembre, mientras los líderes del mundo estaban reunidos en la cumbre del clima de Glasgow, otra defensora del medio ambiente, Irma Galindo Barrios, desaparecía en ese Estado tras denunciar la tala ilegal en su comunidad mixteca. Su nombre, junto al de otros cuatro compañeros de activismo que desaparecieron con ella, están ahora en la lista de Global Witness. “Desde 2018, Irma había enfrentado intimidación por parte de funcionarios públicos, así como hostigamiento, persecución, campañas de difamación y amenazas de muerte por su defensa de los bosques”, señala el informe.
