Por Kari Nava
En el marco del caso Ayotzinapa, ocho militares se encuentran nuevamente bajo el escrutinio judicial, ya que han recibido nuevas órdenes de aprehensión por el presunto delito de delincuencia organizada. La noticia fue confirmada por Alejandro Robledo, abogado de los militares en cuestión, quien reveló que tres de ellos se entregaron voluntariamente, mientras que los cinco restantes tenían previsto hacer lo mismo en las próximas horas.
Robledo expresó su descontento con las acusaciones, calificándolas como una «chicanada del Gobierno federal y de la Fiscalía». Aseguró que sus representados están tranquilos, conscientes de que las acusaciones carecen de fundamentos sólidos y considerando el proceso como una venganza y una vendetta. Además, el abogado afirmó que los militares parecen ser tratados como «presos políticos», insinuando motivaciones políticas detrás de las acciones legales.
En relación con la liberación anterior de los ocho militares, el 24 de enero, Robledo recordó que fue resultado de una resolución que ordenó un cambio en la medida cautelar, cumpliendo con los requisitos establecidos por el juzgado. No obstante, ahora enfrentan nuevamente la justicia con las recientes órdenes de aprehensión.
Los militares involucrados en este caso son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.
Este nuevo desarrollo ha generado una respuesta contundente por parte de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes consideran la liberación previa de los militares como un retroceso en la búsqueda de justicia. En una manifestación llevada a cabo el 26 de enero, los padres, madres y familiares expresaron su descontento y acusaron al presidente de intentar dividirlos y minar la unidad, señalando además ataques a los asesores jurídicos y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra, defensor de las familias de los estudiantes desaparecidos, destacó el papel del presidente y su constante crítica al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, sugiriendo una posible interferencia política en el caso. Ante la situación, se espera un proceso legal prolongado en el cual se presentarán recursos y se buscará defender a los militares involucrados en este controversial caso Ayotzinapa.
