Por Sinai Peña
En una declaración oficial, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció su decisión de impugnar la liberación condicional de ocho militares acusados de estar relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, así como los magistrados Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia, del Tribunal Colegiado correspondiente, también serán objeto de acciones legales por su participación en este fallo.
La FGR argumentó que el proceso judicial ha sido cuestionable en términos de derechos y protección de las víctimas, acusando a los magistrados de conceder ventajas indebidas y desconocer resoluciones previas que dictaron prisión preventiva justificada para los militares involucrados. La fiscalía expresó su preocupación por la posible injusticia hacia las víctimas y la nación misma, dada la gravedad de los delitos imputados, específicamente la desaparición forzada de personas.
Ante lo que consideran una situación de cerrazón injusta, la FGR aseguró que presentará de inmediato los recursos correspondientes para garantizar los derechos y la seguridad de las víctimas. Asimismo, iniciarán acciones legales según el artículo 225 del Código Penal Federal, que penaliza actos que obstaculizan la administración de justicia y otorgan ventajas indebidas.
En respuesta a críticas mediáticas, la FGR destacó que durante el año 2023, el Ministerio Público de la Federación logró obtener 9,150 sentencias favorables para las víctimas, subrayando la imparcialidad y apego a derecho de muchos jueces federales. También resaltaron la eficacia de los «mecanismos alternativos de solución de controversias» con 2,427 acuerdos de sentencia firme en favor de las víctimas.
La fiscalía concluyó señalando que ha cumplido rigurosamente con su obligación de informar, emitiendo más de 700 comunicados a nivel nacional y cerca de cuatro mil a nivel local durante 2023, sin recurrir al pago de publicidad mediática en los últimos cinco años. Insistieron en la necesidad de una información veraz y objetiva para ganarse la imagen que ostentan como institución.
