Por Diana Silva
A tan solo una semana de que expire el plazo otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) se encuentra en vilo respecto a la obligatoriedad del Estado de respaldar al cine nacional. La incertidumbre prevalece ante la falta de claridad en la Ley Federal de Cinematografía actual.
En agosto pasado, la Suprema Corte emitió un dictamen ordenando a los legisladores subsanar la ausencia de disposiciones sobre el respaldo estatal al cine mexicano en la mencionada ley. El plazo límite para esta corrección coincide con el término del periodo ordinario de sesiones, fijado para el próximo viernes 15.
La determinación de la Suprema Corte surgió tras la extinción del FIDECINE y su marco normativo, lo que eximía al Gobierno de la obligación de respaldar las producciones cinematográficas nacionales. En respuesta, se instó a los legisladores a abordar esta omisión, ya sea reintegrando el término «Focine» como figura de apoyo o aprobando una nueva ley, la cual sería presentada directamente por la Presidencia.
María Novaro, directora del IMCINE, expresó su perplejidad ante el proceso legislativo al afirmar: «Para mí, el legislativo es un enigma; no sé, ellos resolverán lo que corresponde. Cualquiera de las dos opciones pasará». A su vez, destacó que la nueva ley, consensuada entre diversos sectores de la industria cinematográfica nacional, incluida la AMACC, está actualmente en la Consejería Jurídica de Presidencia, a la espera de ser presentada al legislativo en el momento adecuado.
La incertidumbre persiste en el ámbito cinematográfico ante la proximidad del plazo límite, mientras los actores involucrados aguardan la resolución del legislativo para definir el futuro del apoyo estatal al cine mexicano.
