El fenómeno de las infancias atrapadas en la criminalidad en México es una problemática que ha alcanzado proporciones alarmantes en los últimos años. La participación de niños y adolescentes en actividades del crimen organizado, como el tráfico de drogas, extorsiones, secuestros, y prostitución forzada, es un tema que requiere una atención urgente y un enfoque multidimensional para comprender sus raíces y abordar sus consecuencias.
Según diversos informes, la necesidad de acostumbramiento a la presencia del crimen organizado en la sociedad mexicana ha llevado a que la participación de infancias en estas actividades sea cada vez más abrumadora. Factores como la marginación, la falta de oportunidades, la pobreza y la presión de grupos criminales los ponen en una situación de gran vulnerabilidad. En algunos casos, su participación es voluntaria, mientras que en otros es forzada.
Los primeros agentes socializadores en la vida de un niño son la familia y la escuela. Por lo tanto, comprender la dinámica familiar y la influencia de estos agentes es esencial para abordar esta problemática. Los grupos criminales reclutan a infantes y jóvenes debido a su disponibilidad y maleabilidad, lo que hace que sean obedientes y útiles para llevar a cabo actividades delictivas.
La magnitud de esta situación es evidente en informes que estiman que al menos 30 mil niños y adolescentes menores de 18 años colaboran activamente con la delincuencia organizada en diversas actividades ilícitas. Además, casos como el del «niño sicario» en Puebla ilustran la gravedad del problema y la necesidad de una respuesta eficaz por parte del sistema integral de justicia para adolescentes.
Organismos internacionales, como el Comité de Derechos del Niño de la ONU, han instado al Estado mexicano a tomar medidas concretas para contrarrestar el reclutamiento de niños y adolescentes en las filas de la delincuencia organizada. Se resalta la urgencia de desplegar estrategias de seguridad que protejan a la niñez mexicana y reconozcan su equivalencia humana frente a las personas adultas.
La respuesta del Estado mexicano hasta la fecha ha sido insuficiente, ya que en los programas prioritarios no se otorga la debida atención a la niñez. Se les considera «objetos de protección» en lugar de sujetos de derechos, perpetuando así un trato desigual en todas las acciones estatales y en el seno de sus familias.
Para abordar este problema de manera efectiva, es necesario un enfoque integral que incluya no solo el seguimiento de la dinámica familiar, sino también la revisión de las detenciones, investigaciones, sanciones y programas de prevención del delito. Solo a través de un enfoque multidimensional y la liberación de las infancias de la criminalidad se podrá garantizar un futuro más seguro y prometedor para la niñez mexicana.
